A principios de 2016, Miguel Urbán era eurodiputado de Podemos y como tal se supone que contaba con todas las garantías de protección asociadas a su condición de aforado, figura clave en los Estados de derecho liberales para blindar la tarea de los representantes del pueblo y, con ello, la democracia. Se supone.

En realidad, el politólogo de Anticapitalistas —partido de orígenes trotskistas en aquel momento integrado en Podemos— estaba siendo víctima de un brutal montaje urdido por altísimas instancias del Estado sin ninguna tutela judicial, operando en secreto y fuera del radar con el objetivo de desacreditar a Podemos, encontrar un atajo para investigar de forma prospectiva a su entonces líder, Pablo Iglesias, y evitar que la formación pudiera ganar las elecciones de ese año, una posibilidad que hoy parece increíble pero que en aquel momento algunas encuestan hacían verosímil.

Las diligencias que acreditan el montaje policial, que presentaba a Urbán como un narcotraficante de cocaína procedente de Venezuela para financiar ilegalmente a Podemos a partir de supuestos confidentes que lo inventaron todo, han sido difundidas con todo detalle por medios independientes, singularmente elDiario.es e Infolibre. Pero no han tenido absolutamente ninguna consecuencia para los que urdieron el montaje o participaron de él —altísimos mandos policiales en la época del PP de Mariano Rajoy— ni ha merecido ninguna investigación parlamentaria, pese a la gravedad que supone la investigación prospectiva a partir de burdos montajes policiales nada menos que de un eurodiputado aforado.

Tampoco ha existido ninguna acción del Gobierno para aclarar lo sucedido, y eso que desde hace siete años está en manos de una coalición de izquierdas del que también formó parte el propio Podemos en la pasada legislatura. El poder judicial, ahora en posición de abierta insurrección contra el Gobierno, no ha considerado necesario esclarecer los atropellos de los derechos sufridos por Urbán: el propio juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga al ralentí los montajes policiales contra Pablo Iglesias a raíz del dossier esparcido para desacreditarle e impedir su llegada al poder —el “informe PISA” (por Pablo Iglesias Sociedad Anónima)—, igualmente un cúmulo de invenciones fabricadas por las cloacas del Estado, ha desestimado indagar al respecto.

Pasividad sistémica
Nueve años después del montaje, ante la increíble pasividad sistémica, que ha esquivado investigar lo sucedido pese a la contundencia de los indicios contenidos en las diligencias oficiales, Urbán ha presentado él mismo una querella criminal contra la cúpula policial que urdió el montaje.

No es una decisión fácil: implica gastar dinero para intentar hacer justicia ante atropellos surgidos en las entrañas mismas de la “razón de Estado”, que respondieron ilegalmente a los distintos desafíos que sobre todo a partir de 2014 amenazaban las bases del régimen de monarquía parlamentaria surgido en la Transición con exactamente el mismo patrón: montajes elaborados por una especie de policía política coordinada con sectores afines de la fiscalía, la judicatura y los medios.

Y Urbán lo hace, además, en solitario, sin ningún apoyo institucional y siendo conocedor de que esta estructura del Estado profundo ha entregado apenas algunas supuestas “manzanas podridas” —el comisario José Manuel Villarej—-, pero que sigue incrustada con normalidad en el andamiaje policial-judicialmediático del país. Ni siquiera ha tenido que rendir cuentas por la sucesión de montajes brutales contra disidentes políticos cometidos con total impunidad.

Pese a los visos quijotescos de una querella como esta en la España actual, y a los riesgos personales que entraña, Urbán ha decidido, tras darle muchas vueltas, que era imperativo ir adelante por razones éticas, políticas y morales muy de fondo, que implican un compromiso y un sentido de la historia de luces largas que trascienden su propia experiencia particular: “Este montaje demuestra la impunidad con la que trabajaban las cloacas del Estado, que se pueden inventar algo tan sumamente descabellado y que no tenga consecuencias.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, toda la estructura de poder y cloacas sigue operando en democracia. No bastaba con exhumar a Franco del Valle de los Caídos… A eso nos referíamos. Soy hijo de luchador antifranquista torturado por Billy el Niño. Los herederos de ese policía son los que han montado esta trama contra Podemos. Continúa la impunidad”, explicó a elDiario.es.

Escenas alucinantes
El montaje no se limitó a fabricar indicios genéricos falsos a partir de los cuales desencadenar operaciones prospectivas de seguimiento y de recopilación de todo tipo de datos personales, incluidos los tributarios. Incluyó también la descripción minuciosa de detalles alucinantes completamente inventados, proporcionados supuestamente por confidentes policiales. A partir de estas aportaciones inventadas, al igual que se hace habitualmente en la ficción, los guionistas eligieron las localizaciones y situaron como escenario de la trama falsa de compraventa de cocaína un bar de la calle Velarde, en Malasaña, al que el entonces eurodiputado no ha entrado en su vida.

Y sin embargo, según esta película policial de serie B, Urbán vendió ahí 40 kilos de cocaína en una bolsa en una operación que supuestamente aportó 1,2 millones de euros a las arcas de Podemos procedentes de Venezuela. El informe policial aportado a las diligencias incluye vívidas descripciones del operativo en un registro absolutamente increíble y grotesco a partir de supuestos confidentes que aseguraban haber presenciado escenas como esta en el bar de Malasaña: “A Urbán se le cayó la mochila, 40 kilos, y él [el supuesto confidente policial] le ayudó a recogerla. No sabía qué había dentro, pero tras la transacción lo sospechó. Antes de irse, el eurodiputado tiró una bolsa de cocaína sobre la barra para que esnifara el que gustase. Sacó un fajo de billetes y pagó una ronda para todos”.

El burdo montaje policial contra un eurodiputado aforado de un partido que, según las encuestas, aspiraba a ganar las elecciones generales que iban a desarrollarse en 2016 en un contexto de bloqueo institucional no fue cosa de ninguna manzana podrida, sino que participaron la cúpula de hasta cuatro organismos policiales importantísimos, contra los que se dirige ahora la querella de Urbán: el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), órgano en el que participa la Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y el CNI, en aquel momento dirigido por el comisario de la Policía José Luis Olivera, hoy jubilado y que luego fue durante años asesor personal de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol; la UDEF, entonces dirigida por José Manuel García Catalán; las Unidades Centrales de Policía contra el Crimen Organizado y Anticorrupción (UDYCO) y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). La operación también movilizó a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía Especial Antidrogas. El “narcotraficante que arrojó una bolsa de cocaína en un bar de Malasaña y pagó una ronda en cash para celebrar el business con los venezolanos” dejó la política hace tiempo y Podemos ya no asusta a nadie.

Y los guionistas, directores y actores de esta terrorífica película, una más de la larga serie producida cuando el Estado profundo creyó amenazado el régimen, siguen fumándose plácidamente un puro. 

URBÁN, INVITADO AL SHOW DE MONGOLIA
En el pasado Mongolia Show en el Teatro del Barrio de Madrid, el 5 de octubre a las 13h, tuvo como invitado a Miguel Urbán, que fué entrevistado en directo por el responsable del Reality News de la revista, Pere Rusiñol.

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