¿Qué superioridad?
En su reciente ensayo, concebido como un “panfl eto”, ‘La izquierda ante el tecnofascismo’ (Anagrama), el exdirector de Opinión de ‘El País’ Jordi Gracia se desespera ante el derrotismo que a menudo exhiben los progresistas y las pocas ganas que muestran de batallar en serio ante la brutal amenaza que supone la ola ultra global, que en opinión del autor tiene como epicentro la camarilla de multimillonarios tecnológicos de Silicon Valley. Liberado del corsé del Grupo Prisa y cómodo como ‘enragé’, Gracia busca rearmar a la izquierda, y ello pasa también por recuperar el orgullo por su misión histórica asociada al progreso.
20.07.2026
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Por Jordi Gracia
Entre lo más insoportable de la izquierda intelectual está la insufrible propensión al paternalismo que la solemniza, a veces muy hipócritamente, que tan bien ha sabido la derecha atribuirle en bloque. Lo llamativo es que la mayoría de los intelectuales de izquierda ha acabado aceptando el muñeco de paja fabricado por la derecha y acatando humildemente la irritación que causa. El resultado grotesco es que ha renunciado a reivindicar la superioridad (moral o no) de sus ideas o propuestas políticas, entre ellas muchas de las adoptadas por este Gobierno.
Superioridad no equivale a tener la razón por designio divino, ni a una versión dulce del supremacismo, ni a la prepotencia sectaria que desatiende los argumentos ajenos. Superioridad significa que gran parte de los objetivos y las medidas que persigue la izquierda —y que demasiadas veces no adopta cuando gobierna— son más respetables, más necesarios y más coherentes con el bien común que los de la derecha, aunque contraríen intereses materiales, cuotas de poder, costumbres, tradiciones o inveterados tabúes (como la renta básica garantizada).
Sí, la izquierda ha estado en el lado correcto de la historia cuando ha denunciado a gritos el descomunal error de someter a Grecia a un austericidio infernal; cuando ha reprobado contundentemente las suicidas medidas económicas de la UE para hacer frente a la crisis de 2008; cuando ha denunciado que el oligopolio tecnológico actúa con la impunidad fiscal y facilita y prioriza lo que aumenta sus beneficios empresariales; cuando ha fomentado el rearme de Ucrania contra el neoimperialismo de Putin; cuando ha exigido medidas ejecutivas para frenar a Israel en su genocidio normalizado contra Gaza; cuando ha deplorado sin reservas el intento de golpe de Estado de Trump en 2020; cuando ha execrado a su imitador Bolsonaro; cuando ha advertido de la sangría en curso en el Sahel.
¿Qué duda hay de que ese es el lado bueno de la historia? Cuando defender el derecho al aborto sin trabas ni obstrucciones; cuando dejar de estigmatizar la inmigración porque es la base de la sociedad occidental desde que la sociedad occidental existe como tal; cuando establecer lugares legítimos de memoria en un Estado democrático o cambiar a Franco de sitio e intentar resignificar la aberración apologética de la Victoria que es el Valle de los Caídos; cuando exigir el cumplimiento de la ley de eutenasia o incluso demandar la ampliación de derechos hacia un suicidio asistido y tutelado por el Estado; cuando reclamar responsabilidades civiles y económicas por los abusos sexuales de la Iglesia; cuando fomentar las energías renovables y la prevención ante un calentamiento global obvio y devastador; cuando promover políticas de prevención contra la violencia machista y en defensa de una igualdad real de salario, de derechos, de oportunidades; cuando exigir una reforma del sistema de Justicia que no estrangule económicamente los planes de gran parte de la población, incapaz de afrontar los gastos de sus largos procesos de cooptación; cuando reclamar una intervención calculada y poderosa contra la especulación inmobiliaria que frene una escalada desaforada de precios (mientras los sueldos se quedan a años luz de ese incremento)...
Cuando todas estas obviedades —propias de una izquierda nada más que socialdemócrata— equivalen a “polarizar la política española”, entonces es cuando el eje de lo meramente respetable se ha desplazado desaforadamente hacia la derecha, es decir, hacia la peor derecha posible. Si cualquiera de esas posiciones políticas o ideológicas está dictada por la voluntad de polarizar a la sociedad y no por la mera defensa aspiracional de derechos y libertades ampliadas, conviene sacar las conclusiones sin miedo.
Demonizar a la izquierda más centrada y socialdemócrata es la condición necesaria para insuflar la sensación de caos en la sociedad española y acabar convenciéndola de que se halla ante un Gobierno (de coalición) ilegítimo, improcedente, padre del caos y madre de la corrupción. Con la consiguiente e inaplazable consecuencia de que las derechas suturan al desastre y restituyan por cualquier vía accesible las cosas a su orden correcto. Esa ha sido parte de la metralla mediática que la sociedad española ha recibido día sí día también desde la frustrante y traumática derrota electoral de las derechas el 23 de julio de 2023. Desde entonces, las acusaciones de ilegitimidad democrática de Pedro Sánchez y su Gobierno no han sido solo ocasionales o anecdóticas, ni limitadas a las huestes más furiosas de la ultraderecha, sino que los medios afines al centroderecha y el propio partido liderado por Feijóo han normalizado el cuestionamiento de raíz de un presidente votado en el Parlamento.
Articulistas muy serios y muy responsables, muy hiperecuánimes y pluscuampequidistantes describen sin vacilar la naturaleza divisiva de reacciones limpias y genuinamente destinadas a reparar, consolar o aliviar los desmanes criminales de la dictadura que todavía perduran incluida la ayuda del estado para exhumar cadáveres y el reconocimiento de que la actual sede del gobierno autónomo de la Comunidad de Madrid fue centro destacado e icónico de torturas salvajes durante la dictadura. Son, según ellos, medidas destinadas a separar a los españoles, a reabrir heridas, a meter el dedo en la llaga de los herederos o familiares del franquismo, cuando toda esta batería de iniciativas no es más que el cumplimiento —con mucho retraso— de los deberes democráticos elementales: es decir, ni de izquierdas ni de derechas. Pero devienen de izquierdas por incomparecencia democrática de la derecha. Su silencio, su complicidad, su inhibición o su rebeldía frente a esas medidas ceden a la izquierda lo que debería estar dictado por una convicción democrática compartida.
Y ahí flaquea: sigue flaqueando cuando interpela al pasado franquista; sigue siendo tímida, torpe o acomplejada cuando se trata de deplorar la dictadura franquista como lo que fue, un Estado de terror imperfecto (imperfecto porque, por fortuna, dejó vivos a muchos enemigos internos y externos). Y sí, por supuesto que la izquierda puede exhibir la superioridad moral de sus posiciones políticas cuando prescribe como prioridad de la UE la persecución de los paraísos fiscales que evaden miles de millones al estado del bienestar.
Del mismo modo, es moralmente superior exigir una tasa impositiva a los más poderosos a cambio de equilibrar, al menos en parte, la subsistencia de quienes nacen sin nada o casi nada. También es nítidamente de izquierdas —e inequívocamente superior— la defensa proactiva de que las grandes tecnológicas del globo tributen en los países donde obtienen sus beneficios, en lugar de refugiarse codiciosamente en las condiciones irrisorias de tributación que les ofrecen Irlanda y otros Estados, sin que la UE detenga de forma fulminante esa sangría milmillonaria pero legal.
Entre lo más insoportable de la izquierda intelectual está la insufrible propensión al paternalismo que la solemniza, a veces muy hipócritamente, que tan bien ha sabido la derecha atribuirle en bloque. Lo llamativo es que la mayoría de los intelectuales de izquierda ha acabado aceptando el muñeco de paja fabricado por la derecha y acatando humildemente la irritación que causa. El resultado grotesco es que ha renunciado a reivindicar la superioridad (moral o no) de sus ideas o propuestas políticas, entre ellas muchas de las adoptadas por este Gobierno.
Superioridad no equivale a tener la razón por designio divino, ni a una versión dulce del supremacismo, ni a la prepotencia sectaria que desatiende los argumentos ajenos. Superioridad significa que gran parte de los objetivos y las medidas que persigue la izquierda —y que demasiadas veces no adopta cuando gobierna— son más respetables, más necesarios y más coherentes con el bien común que los de la derecha, aunque contraríen intereses materiales, cuotas de poder, costumbres, tradiciones o inveterados tabúes (como la renta básica garantizada).
Sí, la izquierda ha estado en el lado correcto de la historia cuando ha denunciado a gritos el descomunal error de someter a Grecia a un austericidio infernal; cuando ha reprobado contundentemente las suicidas medidas económicas de la UE para hacer frente a la crisis de 2008; cuando ha denunciado que el oligopolio tecnológico actúa con la impunidad fiscal y facilita y prioriza lo que aumenta sus beneficios empresariales; cuando ha fomentado el rearme de Ucrania contra el neoimperialismo de Putin; cuando ha exigido medidas ejecutivas para frenar a Israel en su genocidio normalizado contra Gaza; cuando ha deplorado sin reservas el intento de golpe de Estado de Trump en 2020; cuando ha execrado a su imitador Bolsonaro; cuando ha advertido de la sangría en curso en el Sahel.
¿Qué duda hay de que ese es el lado bueno de la historia? Cuando defender el derecho al aborto sin trabas ni obstrucciones; cuando dejar de estigmatizar la inmigración porque es la base de la sociedad occidental desde que la sociedad occidental existe como tal; cuando establecer lugares legítimos de memoria en un Estado democrático o cambiar a Franco de sitio e intentar resignificar la aberración apologética de la Victoria que es el Valle de los Caídos; cuando exigir el cumplimiento de la ley de eutenasia o incluso demandar la ampliación de derechos hacia un suicidio asistido y tutelado por el Estado; cuando reclamar responsabilidades civiles y económicas por los abusos sexuales de la Iglesia; cuando fomentar las energías renovables y la prevención ante un calentamiento global obvio y devastador; cuando promover políticas de prevención contra la violencia machista y en defensa de una igualdad real de salario, de derechos, de oportunidades; cuando exigir una reforma del sistema de Justicia que no estrangule económicamente los planes de gran parte de la población, incapaz de afrontar los gastos de sus largos procesos de cooptación; cuando reclamar una intervención calculada y poderosa contra la especulación inmobiliaria que frene una escalada desaforada de precios (mientras los sueldos se quedan a años luz de ese incremento)...
Cuando todas estas obviedades —propias de una izquierda nada más que socialdemócrata— equivalen a “polarizar la política española”, entonces es cuando el eje de lo meramente respetable se ha desplazado desaforadamente hacia la derecha, es decir, hacia la peor derecha posible. Si cualquiera de esas posiciones políticas o ideológicas está dictada por la voluntad de polarizar a la sociedad y no por la mera defensa aspiracional de derechos y libertades ampliadas, conviene sacar las conclusiones sin miedo.
Demonizar a la izquierda más centrada y socialdemócrata es la condición necesaria para insuflar la sensación de caos en la sociedad española y acabar convenciéndola de que se halla ante un Gobierno (de coalición) ilegítimo, improcedente, padre del caos y madre de la corrupción. Con la consiguiente e inaplazable consecuencia de que las derechas suturan al desastre y restituyan por cualquier vía accesible las cosas a su orden correcto. Esa ha sido parte de la metralla mediática que la sociedad española ha recibido día sí día también desde la frustrante y traumática derrota electoral de las derechas el 23 de julio de 2023. Desde entonces, las acusaciones de ilegitimidad democrática de Pedro Sánchez y su Gobierno no han sido solo ocasionales o anecdóticas, ni limitadas a las huestes más furiosas de la ultraderecha, sino que los medios afines al centroderecha y el propio partido liderado por Feijóo han normalizado el cuestionamiento de raíz de un presidente votado en el Parlamento.
Articulistas muy serios y muy responsables, muy hiperecuánimes y pluscuampequidistantes describen sin vacilar la naturaleza divisiva de reacciones limpias y genuinamente destinadas a reparar, consolar o aliviar los desmanes criminales de la dictadura que todavía perduran incluida la ayuda del estado para exhumar cadáveres y el reconocimiento de que la actual sede del gobierno autónomo de la Comunidad de Madrid fue centro destacado e icónico de torturas salvajes durante la dictadura. Son, según ellos, medidas destinadas a separar a los españoles, a reabrir heridas, a meter el dedo en la llaga de los herederos o familiares del franquismo, cuando toda esta batería de iniciativas no es más que el cumplimiento —con mucho retraso— de los deberes democráticos elementales: es decir, ni de izquierdas ni de derechas. Pero devienen de izquierdas por incomparecencia democrática de la derecha. Su silencio, su complicidad, su inhibición o su rebeldía frente a esas medidas ceden a la izquierda lo que debería estar dictado por una convicción democrática compartida.
Y ahí flaquea: sigue flaqueando cuando interpela al pasado franquista; sigue siendo tímida, torpe o acomplejada cuando se trata de deplorar la dictadura franquista como lo que fue, un Estado de terror imperfecto (imperfecto porque, por fortuna, dejó vivos a muchos enemigos internos y externos). Y sí, por supuesto que la izquierda puede exhibir la superioridad moral de sus posiciones políticas cuando prescribe como prioridad de la UE la persecución de los paraísos fiscales que evaden miles de millones al estado del bienestar.
Del mismo modo, es moralmente superior exigir una tasa impositiva a los más poderosos a cambio de equilibrar, al menos en parte, la subsistencia de quienes nacen sin nada o casi nada. También es nítidamente de izquierdas —e inequívocamente superior— la defensa proactiva de que las grandes tecnológicas del globo tributen en los países donde obtienen sus beneficios, en lugar de refugiarse codiciosamente en las condiciones irrisorias de tributación que les ofrecen Irlanda y otros Estados, sin que la UE detenga de forma fulminante esa sangría milmillonaria pero legal.
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