El Gobierno de coalición de izquierdas y el poder judicial llevan meses inmersos en un auténtico pulso poítico-judicial desde que se aprobó la Ley de Amnistía, pero han encontrado un terreno común para cerrar filas en la supuesta defensa de los intereses de España: ambos están de acuerdo en que Mongolia pisoteó el “honor” del matador José Ortega Cano. Y también en que, en consecuencia, el proyecto satírico merecía la condena que le impusieron los tribunales españoles, que le obligaron a abonar una indemnización de 40.000 euros al matador y a asumir las costas judiciales, lo que dejó la revista al borde del cierre. 

La publicación solo pudo sobrevivir a semejante estocada gracias a la extraordinaria movilicación del pueblo mongol para aportar los fondos: casi 2.000 personas se sumaron a una campaña de micromecenazgo de urgencia que en apenas un mes y medio logró reunir los más de 60.000 euros necesarios para afrontar tanto la indemnización al matador como las costas judiciales de sus abogados. 

La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2020, lo que la convirtió en firme, y posteriormente el Tribunal Constitucional no aceptó a trámite el recurso presentado por los abogados del proyecto satírico. Al cerrarse ya definitivamente las puertas en España, Mongolia decidió llevar el caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para intentar proteger el derecho a la sátira sobre los personajes públicos después de haber obtenido el respaldo a otra campaña lanzada a tal efecto de más de 500 mecenas, que hicieron aportaciones para impulsar la “internacionalización del conflicto”.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra (Suiza), admitió a trámite la petición de Mongolia en enero de 2024 y emplazó a las autoridades españolas a pronunciarse.La admisión a trámite no es un mero formalismo: solo superan este primer filtro entre el 30% y el 50% de los escritos presentados ante dicho comité de Naciones Unidas.

18 folios

La respuesta oficial de España ha llegado finalmente meses después con un escrito firmado por la Abogacía General del Estado y con el sello del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. A lo largo de 18 folios hace una cerrada defensa del procedimiento contra Mongolia y considera que la publicación estuvo bien condenada por vulnerar el “honor” del matador con supuestos fines comerciales, siguiendo a pies juntillas tanto la argumentación de Ortega Cano como la sentencia del Tribunal Supremo.

El origen de la causa son unos carteles satíricos que Mongolia difundió en Cartagena en el marco del show que representó en esta ciudad en 2016. La viñeta, que esta revista no puede reproducir por mandato judicial, satirizaba a Ortega Cano, un personaje público vinculado a la localidad, exponente de la España de charanga y pandereta y asiduo de las revistas del corazón. 

El matador había sido aclamado recientemente por sus fieles al salir de la cárcel tras cumplir una condena por matar a una persona conduciendo ebrio. El proyecto satírico, que entrevistó al autor de un libro sobre la víctima, no se limita a editar una revista impresa, sino que adopta muchos otros formatos: libros, vídeos, materiales creados para redes, carteles y también shows para teatros. Estos shows se anuncian con carteles satíricos, que son ya en sí mismo un anticipo de la performance. El guion es mutante e incluye personajes públicos vinculados a cada localidad donde se representa, razón por la cual en Cartagena se satirizó, entre otros, a Ortega Cano como símbolo del vigor que esta España de charanga y pandereta aún conserva en algunas zonas.

El escrito que la Abogacía del Estado ha presentado en nombre del Gobierno de izquierdas obvia todas estas circunstancias y hace suyo el argumentario completo de Ortega Cano y del Tribunal Supremo: sostiene que “la sátira como resultado del ejercicio del derecho de la libertad de expresión no es ilimitada” y concluye que la condena a Mongolia fue correcta: “Tras la sentencia del Tribunal Supremo, la revista ha seguido ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y artística, utilizando la sátira como le es característico sin que haya tenido transcendencia en el ámbito jurídico. Y demuestra que, en el presente caso, los tribunales nacionales han analizado detalladamente las circunstancias concurrentes, concluyendo la prevalencia del derecho al honor y a la propia imagen debido a la ausencia de una finalidad crítica del fotomontaje, puramente lucrativa, para el uso de la imagen de un tercero sin su consentimiento”.

En las próximas semanas, el abogado de Mongolia, José Luis Mazón, presentará al comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la respuesta al escrito de la Abogacía del Estado con el objetivo de reforzar la petición de que se analice la condena a Mongolia. A juicio de la publicación, la condena y la elevada indemnización supusieron un atropello de derechos fundamentales tan elementales como la libertad de expresión, ponen en riesgo el ejercicio libre de la sátira en España y promueven la autocensura. 


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