La Abogacía del Estado, que responde al Gobierno de coalición progresista español, ha remitido un nuevo escrito al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas defendiendo que Mongolia estuvo bien condenada en la querella que presentó el extorero José Ortega Cano por vulneración del derecho al honor con una viñeta satírica y que, por tanto, la revista no debe ser resarcida puesto que los tribunales españoles funcionaron correctamente.

La publicación satírica acudió a este organismo internacional para que analizara la condena judicial en firme, que le obligó a indemnizar al matador con 40.000 euros por una simple viñeta de 2016 elaborada para el desembarco de su show satírico en Cartagena. El coste del procedimiento, una vez agregadas las costas y los propios gastos jurídicos, superó los 65.000 euros, lo que dejó a la empresa editora al borde de la quiebra.

El proyecto sobrevivió únicamente gracias a la ola de solidaridad entre su comunidad de lectores, pero la condena fue interpretada por los coeditores de la publicación como un paso más en el retroceso a la libertad de expresión en España y un llamamiento a la autocensura futura, razón por la que acudió al organismo internacional con sede en Ginebra.

Con la reciente presentación del escrito de la Abogacía del Estado en contra de Mongolia, fechado el pasado mes de abril, la causa en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas llega a su fase final: ya solo queda el pronunciamiento final del organismo, que debería producirse a lo largo de 2025.

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