Las dificultades que encuentra la izquierda en todo el mundo para poder conectar con el electorado y combatir con posibilidades el tsunami derechista global tiene muchas causas, pero una se repite en todos lados: el terreno de juego mediático le es cada vez más adverso. Extraordinariamente.

Los progresistas siempre parecen jugar en campo contrario. Y en los últimos años, estas canchas fuera de casa, que albergan los partidos donde se dirimen los debates que configuran la opinión pública, se han vuelto todavía mucho más agresivas contra el relato de la izquierda, sobre todo en el aspecto más crucial: la fijación de los temas a debatir, lo que los académicos definen como agenda-setting y agenda-building. Es decir: de qué temas se habla y bajo qué premisas. 

La izquierda y los medios nunca han tenido una relación fácil. Aunque históricamente las redacciones suelen contar con una mayoría de profesionales progresistas, atraídos por una cierta imagen tan idílica como ingenua que parece hacer compatible la vida bohemia con una contribución a mejorar el mundo, la creación de grandes conglomerados mediáticos con capacidad de fijar la agenda e influir de verdad en la opinión pública exige inversiones económicas colosales, que todavía se han agrandado más en los últimos años porque la disrupción digital lo ha convertido en un sector industrial ruinoso.

Levantar emporios mediáticos con músculo financiero suficiente para participar en la definición del terreno de juego está, pues, al alcance solo de quienes tienen la capacidad de invertir muchos millones de euros: una franja donde la derecha cuenta lógicamente con abrumadora mayoría.

Una mercancía más

He aquí una de las grandes paradojas no atendidas por los teóricos de la democracia: a pesar de que consideran que el periodismo es clave para garantizar la fiscalización de los poderes y la calidad de la propia democracia hasta el punto de asignarle el rol teórico de “cuarto poder”, luego se le otorga en la práctica un trato de simple mercancía que debe lidiar, como cualquier otra, con los vaivenes del mercado, en un sector industrial, además, que exige grandes inversiones y con altísimas probabilidades de pérdidas en términos meramente económicos: la barrera de entrada es infranqueable para el 99%.

Ello prefigura siempre un ecosistema mediático escorado hacia la derecha, en la medida en que los propietarios son fondos o grandes magnates con extraordinarios recursos económicos y una agenda propia que justifique, en términos de incidencia en la opinión pública o en conexiones políticas, las pérdidas económicas que se arriesgan a asumir en el “negocio” de los medios. 

En teoría, los periodistas ejercen su profesión sin presiones de la propiedad, pero la realidad es bastante más complicada, con el día a día en las redacciones determinado por las “rutinas de producción”, que pueden legitimar cualquier decisión de la cúpula en esquemas muy jerarquizados, particularmente en los países donde el sector acumula pérdidas muy abultadas y el negocio depende, pues, más del magnate de turno que de la comunidad lectora.

Este fenómeno se agrava donde no existe la tradición de crear sólidas murallas que separen a la redacción de la influencia de la propiedad. Como en España: con independencia de la gran profesionalidad de muchísimos periodistas, el terreno de juego en el que operan, orientado cada vez más hacia la derecha, los convierte en “extravagantes” o en “ideologizados” si no se ciñen al terreno de juego que se ha establecido y a sus premisas.

Menú del día

Esta situación tiene enormes repercusiones prácticas al influir en la configuración de la opinión pública y, con ello, en última instancia en los resultados electorales, puesto que de este puchero sale el menú informativo que se sirve a la ciudadanía y el marco que se establece para debatirlo.

En un ecosistema de mayoría progresista, el marco de debate en España centraría su atención informativa, por ejemplo, en cómo es posible que sigan intactas las estructuras del Estado profundo que operaron en la década pasada para destruir, con operaciones brutales al margen de la ley, a las formaciones políticas que pusieron en cuestión el statu quo (Podemos, el PSOE de Pedro Sánchez y los independentistas), o en la dudosa legalidad del arranque de una investigación contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con visos evidentes de ser prospectiva (como la pesca de arrastre, que se lo lleva todo por delante para ver a posteriori qué encuentra) y con una invasión de la intimidad sin precedentes.

En cambio, los abusos de la trama policial digna de la Stasi que operó impunemente contra rivales políticos solo se trata con casos judicializados y en un marco de “manzanas podridas”, y no como una estructura sistémica. Para entender la magnitud del fenómeno, basta con observar el increíble silencio de los grandes medios frente a operaciones tan abracadabrantes como las que urdieron altísimos mandos policiales contra el exdiputado de Podemos Miguel Urbán, cuyo esclarecimiento únicamente parece interesarle a ElDiario.es, o la enorme cantidad de horas dedicadas a recrearse en las joyas de Zapatero sin apenas menciones a las extrañas circunstancias que, llegadas de EE. UU., propiciaron la operación de pesca de arrastre, ni a la rapidez con que se sirvieron a los medios los ejemplares capturados por esta vía tan dudosa. Esta capacidad de establecer el terreno de juego mediático y fijar con ello las reglas del debate, equivalente a jugar en casa, elegir el árbitro y redactar el reglamento, solo está al alcance de los llamados medios de referencia (legacy media, en su expresión académica anglosajona). Desde la irrupción de las redes sociales, estos medios parecen en crisis permanente y ciertamente ya no son lo que eran. Pero, aunque venidos a menos, siguen siendo el principal actor en la fijación de la agenda y su marco: el resto del ecosistema mediático, que requiere menos recursos económicos, trata de influir en este marco y, en ocasiones, lo logra, pero se nutre de él.

Disrupción devastadora

La Gran Recesión, que arrancó en 2008 pero que se prolongó durante una década, supuso un mazazo descomunal para la economía de los medios de comunicación al coincidir con la brutal disrupción en su modelo de negocio tradicional ante el auge de las redes sociales, los influencers y las nuevas formas de comunicar. Esta crisis ha sido especialmente devastadora en los aspirantes a medios de referencia, que son los que requieren más inversión, lo que ha provocado un auténtico boquete contable que ha facilitado la sucesiva entrada en el capital de actores financieros o magnates con una agenda política a menudo derechista o al menos alejada de los medios de línea editorial progresista en los que invierten.

El paisaje ha cambiado y sigue haciéndolo año tras año: la mayoría de medios de referencia progresistas dependen ahora de propietarios vinculados al gran capital financiero o a los movimientos de derechas. La mayoría de periodistas busca hacer bien su trabajo, pero eso es cada vez más difícil en los entornos empresariales de los que dependen, propiedad de fondos o magnates cuya prioridad no es precisamente el periodismo.

La evolución accionarial de los legacy media progresistas en España ayuda a entender el porqué del nuevo proyecto televisivo de La Séptima, de apariencia quijotesca, que arrancará en noviembre bajo el impulso de José Miguel Contreras y empresarios afines que le acompañaron tanto en el proyecto primigenio de La Sexta como en la última etapa en Prisa antes del putsch.

La mutación en la estructura de capital en España de los medios de referencia progresistas es muy evidente, con independencia de la valía de los profesionales que trabajan en ellos. Este rol corresponde aquí básicamente a El País en prensa escrita, la Cadena SER en radio, ambos del Grupo Prisa, y a La Sexta, de Atresmedia, en televisión.

Aunque todas estas cabeceras mantienen formalmente una línea editorial progresista, sus propietarios pertenecen a mundos antagónicos y mantienen enfrentamientos a cara de perro con el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez.

Mutación en Prisa

Prisa ha pasado en dos décadas de ser un conglomerado controlado por una familia, los Polanco, muy bien conectada con el PSOE, a contar con un accionariado enfrentado al Gobierno progresista y muy escorado hacia los valores antagónicos de los que dice representar su línea editorial, especialmente tras la marginación de los accionistas que habían entrado en la última década para apuntalar su perfil progresista de la mano del fallecido Miguel Barroso. Hoy, el núcleo accionarial lo integran un fondo activista con la cultura de Wall Street y especial interés en el sector armamentístico, el gran magnate de la ultraderecha francesa y conglomerados orientados hacia el sector petrolero.

Al frente de Prisa, con el control de casi el 30% del capital, está el inversor Joseph Oughourlian, de Amber Capital, un fondo activista muy agresivo que en España tiene intereses sobre todo en Indra, conglomerado en transición hacia el sector de defensa, donde tomó partido por los hermanos Escribano en el pulso que los enfrentó al Ejecutivo de coalición progresista.

Oughourlian ha llegado a insinuar en las propias páginas de El País que Pedro Sánchez tiene tics franquistas, ha elogiado en público los años de plomo del diario en Cataluña, con Antonio Caño en la dirección, durante el procés, ha tildado de “Telepedro”, con desdén, el proyecto de lanzar una televisión de Prisa que él mismo había impulsado y ha movido cielo y tierra, por ahora infructuosamente, para que Vivendi, controlado por el magnate francés Vincent Bolloré, pueda aumentar su participación en el grupo.

El veto del Gobierno al aumento de la presencia de Vivendi, amparado por la ley antiopas, que dificulta la irrupción de capital extranjero en sectores estratégicos, es uno de los motivos que explican las fricciones del principal accionista de Prisa con el Gobierno. Hoy Vivendi es el segundo accionista del grupo y gran apoyo de Oughourlian, a pesar de que las credenciales de Bolloré se sitúan en las antípodas de los valores progresistas: ha creado un imperio mediático y editorial en Francia que es el principal sostén al conjunto de la extrema derecha, desde Eric Zemmour a Jordan Bardella, pasando obviamente por Marine Le Pen.

El resto del polo accionarial de Prisa que hace piña con Oughourlian lo integran Carlos Slim, el magnate mexicano amigo de Felipe González con inversiones muy orientadas al sector petrolero, un fondo de la petromonarquía qatarí, el Banco Santander, los restos de la familia Polanco, ahora totalmente dependientes de la benevolencia crediticia del Banco Santander, y el empresario mexicano Roberto Alcántara, que en su día fue próximo al último presidente derechista de su país, Enrique Peña Nieto.

De La Sexta a La Séptima

La evolución accionarial de La Sexta también ha sufrido un gran corrimiento hacia la derecha. La cadena nació bajo el impulso del Gobierno de José Luis Rodrigez Zapatero y liderada por empresarios afines que se situaban también en la órbita progresista, pero la Gran Recesión la dejó contra las cuerdas y fueron las maniobras de Soraya Saénz de Santamaría, la vicepresidenta de Mariano Rajoy, las que le permitieron esquivar la quiebra con la fusión con Antena 3, que en realidad supuso una absorción en la que el pez grande se comió al chico. Hoy la cadena de línea editorial progresista forma parte del universo de Atresmedia bajo control del Grupo Planeta, especialmente bien conectado con el Partido Popular y referente no solo de Antena 3, sino también de Onda Cero y La Razón.
La evolución accionarial de los legacy media progresistas en España ayuda a entender el porqué del nuevo proyecto televisivo de La Séptima, de apariencia quijotesca, que arrancará en noviembre bajo el impulso de José Miguel Contreras y empresarios afines que le acompañaron tanto en el proyecto primigenio de La Sexta como en la última etapa de Prisa antes del putsch.
La situación de España no es ninguna anomalía internacional: en la gran mayoría de países occidentales, los medios de referencia que solían tener una línea editorial progresista han visto cómo irrumpían en su propiedad fondos o magnates con valores o prácticas muy alejados de este sector o directamente asociados a sus antagonistas. Entre los escasos medios de referencia global de línea editorial progresista que han esquivado esta tendencia, acelerada por la crisis sistémica y del modelo de negocio, destacan básicamente dos: The New York Times, que sigue bajo control de la familia Ochs-Sulzberger y ha recuperado una alta rentabilidad económica, y el británico The Guardian, blindado por una fórmula insólita de propiedad y de negocio: una fundación sin ánimo de lucro en la órbita sindical reforzada por un gran fondo finalista (endowment) con décadas de inversiones para apuntalar un proyecto periodístico ambicioso y progresista.

Pero se trata si acaso de dos excepciones que confirman la regla.

Francia: de KKR al carbón

En Francia, Le Monde, el gran medio de referencia, de centroizquierda, ha cambiado la gobernanza para blindar su independencia, pero el proceso ha sido tutelado por su salvador cuando rozó el abismo, el financiero y magnate de las telecomunicaciones Xavier Niel, que acaba de convertirse en el principal accionista de Vodafone y que también se sienta en el consejo de KKR, uno de los fondos más emblemáticos de Wall Street, a menudo en el centro de la polémica por sus conexiones con el Gobierno extremista de Benyamin Netanyahu en Israel.

Por su parte, el histórico Libération, diario impulsado en su día por el filósofo Jean-Paul Sartre en el magma del Mayo del 68, ha estado al borde de la quiebra en multitud de ocasiones en las últimas dos décadas, y si sigue vivo es básicamente por una línea de crédito multimillonaria concedida por el polémico magnate checo Daniel Kretinsky, dueño de EPH, emporio energético basado en el carbón y los combustibles fósiles.

En Italia, La Repubblica, el diario de referencia con línea editorial de centroizquierda, equivalente a El País, ha cambiado dos veces de manos en esta década y en cada operación parece alejarse más de los valores que forjan la propia tradición del grupo de comunicación. En 2020 fue adquirido por la familia Agnelli, la saga de propietarios de Fiat, alejados de la izquierda pero no de la tradición pactista e industrial que caracterizaba la República. Su entrada provocó protestas y suspicacias en la comunidad profesional y lectora, pero no era nada en comparación con lo que se avecinaba: la pasada primavera, los Agnelli vendieron el grupo mediático progresista, de las pocas voces críticas con la presidenta ultra Giorgia Meloni, a Antenna, un conglomerado controlado por el empresario griego Theodore Kyriakou, que forma parte del círculo de confianza en Europa del presidente de EE. UU., Donald Trump y que cuenta como socio clave en sus negocios con la petromonarquía de Arabia Saudí: de nuevo el poder petrolero en el accionariado de un medio progresista especialmente sensibilizado con la emergencia climática.

EE. UU.: a saco

Y en EE. UU., pese a que The New York Times resiste, la ofensiva de Trump contra los medios de referencia es brutal, y en este segundo mandato ya ha propiciado cambios muy significativos en auténticas instituciones del periodismo de referencia estadounidense tradicionalmente asociadas al espectro “liberal”, que en este país equivale al centroizquierda, como The Washington Post, CBS News y la CNN.

El gran periódico de Washington, mítico por haber precipitado la caída del presidente republicano Richard Nixon por el Watergate y que hasta 2021 tuvo como director a Martin Baron, que lideró las investigaciones por los abusos sexuales en la Iglesia católica estadounidense que la jerarquía quiso ocultar, no ha cambiado de propietario, pero su propietario sí ha dado un giro de 180 grados para amoldarse al segundo mandato de Trump: Jeff Bezos, dueño de Amazon y uno de los tecnooligarcas más destacados del país, se ha convertido en uno de los magnates más cercanos al presidente, lo que se ha traducido en una sucesión de purgas para “despolitizar” el Washington Post y, en la práctica, dejarlo fuera de juego y sin apenas recursos para ser competitivo.

Por su parte, la familia de Larry Ellison, fundador de Oracle y uno de los empresarios más cercanos a Trump, se ha hecho sucesivamente con el control, propulsado por la Casa Blanca, de Paramount y de Warner Bros Discovery, dos de los conglomerados mediáticos más importantes del país y propietarios, respectivamente, de CBS News y la CNN, canales que irritaban especialmente al presidente estadounidense.

El estropicio es ya muy visible en CBS News, donde se ha finiquitado nada menos que uno de los programas más prestigiosos del periodismo de EE. UU., 60 Minutes, y ahora, cuando se complete la toma de Warner Bros Discovery, los propios profesionales advierten de que los nubarrones anuncian rayos y truenos sobre la CNN.

El terreno de juego mediático es cada vez más hostil para los progresistas de los países occidentales: en el nuevo marco para el debate que se está forjando mientras la izquierda está a por uvas, la ola ultra empieza a aparecer hasta lógica.

¡APOYA A MONGOLIA! 

Suscríbete a Mongolia y ayuda a consolidar este proyecto de periodismo irreverente e insumiso, a partir de solo 45 euros al año, o dona para la causa la cantidad que quieras. ¡Cualquier aportación es bienvenida!