La reunión fue disuelta a golpes, botes de humo y plomo. Lo saben bien las familias de Romualdo Barroso, Francisco Aznar, Pedro María Martínez Ocio, Bienvenido Pereda y José Castillo, fallecidos en Vitoria hace ahora 50 años. Ocurrió el 3 de marzo de 1976.

El acto de juntarse y decidir estuvo penado en España durante cuatro décadas, pero durante la primera mitad de la década de 1970 un movimiento obrero joven y combativo comenzó a dibujar un mapa distinto. Haciendo de la asamblea su herramienta de lucha, trabajadores de todo el país elevaron sus proclamas a través de octavillas clandestinas con el fin de defender sus derechos y derrocar la dictadura. Todavía la norma era el miedo a hablar en voz alta en los talleres y medir las palabras al paso del encargado. La muerte de Franco catapultó las expectativas. Se abría una nueva etapa para el país. Ahora se ve de una manera, pero entonces no fue del todo así. Lo comprendieron bien en Vitoria a principios de ese año 1976.

El 9 de enero el conflicto por las condiciones en el trabajo prendió en Forjas Alavesas y rápidamente saltó a Mevosa. Después fueron sumándose Aranzabal, Gabilondo, Apellaniz, Cablenor, Industrias Galycas, Orbegozo… Una ciudad deteniéndose, a oleadas, hasta alcanzar Michelín. Asambleas decisorias, delegados revocables, comisiones elegidas a mano alzada, cajas de resistencia. Ese mismo enero se celebró una primera asamblea general conjunta con un guion sencillo: subida salarial lineal, cobertura por enfermedad o accidente, jubilación y derecho a reunirse. Las asambleas de mujeres, como en Areitio, y las de amas de casa escalaron el conflicto, que de las fábricas pasaba a la cesta de la compra y a los mercados. Comenzó a calar cierta preocupación en la patronal y en el Gobierno Civil.

El acto de juntarse y decidir no gustó nunca al poder.

La ciudad entera escuchaba el runrún, más perceptible en los barrios de la periferia y muy especialmente en sus parroquias. El derecho de reunión no existía y los templos, una frontera entonces incómoda para la fuerza pública, ofrecían techo y protección. En las parroquias de Los Ángeles, Belén o el Buen Pastor se sucedieron las asambleas, pero fue en San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, donde convergían todas.

Vitoria se tensa como una cuerda en febrero con sendas convocatorias de huelga general. El 3 de marzo se produce el tercer llamado a huelga y ya desde por la mañana hay piquetes y carreras. A mediodía se oyen disparos, cuentan testigos. Por la tarde, hacia las cuatro, la gente acude a la iglesia de San Francisco. Se espera una asamblea normal, a la que asisten hombres, mujeres, mayores e incluso niños, una asamblea para decidir cuáles son los pasos a seguir. Como cualquier otra asamblea.

En torno a las cinco, la Policía Armada aparece en la iglesia y la rodea. El clima ha cambiado. La gente que aguarda alrededor entra dentro de la iglesia. En ese momento cunde el nerviosismo y se extiende el temor entre los convocados. Tienen razones para ello. Los audios captados a la policía son inequívocos: "Tal como están las cosas se puede entrar […] Si hay gente, a por ellos". Después de algún titubeo el mando del operativo dicta la sentencia de Vitoria: "Gasead la iglesia".

El aire espeso se mezcla con los gases que atraviesan las cristaleras. Toses, gritos, tropiezos, el embudo de la puerta convierte la iglesia en una ratonera. Afuera, golpes, pelotas de goma, disparos. Muchos. Romualdo Barroso, Francisco Aznar y Pedro María Martínez Ocio mueren allí mismo. Bienvenido Pereda y José Castillo lo harán en los días siguientes a consecuencia de las heridas de bala recibidas. Uno de los informes de autopsia habla de disparos realizados a diez metros de distancia.

Vitoria se funde a negro.

El 5 de marzo un interminable cortejo fúnebre recorre las calles de una ciudad envuelta en luto y dolor. Miles de personas siguen a otros miles, con los tres féretros en hombros. El mando policial, ahora sí, pide contención a los suyos. "¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo!", grita alguien. Vitoria entera clama por sus difuntos.

En los despachos se habla de encauzar el conflicto y evitar males mayores. Suárez, que como secretario general del Movimiento asume el control de forma interina en sustitución de Fraga, de viaje en Alemania, gana enteros dando órdenes expresas de calmar el asunto. Pero es el mismo Fraga, ministro de Gobernación y último responsable político, quien declarará a la prensa el día 6 una frase terrible: "Que este triste ejemplo sirva de lección a todo el país". Ese mismo día Fraga y Martín Villa, responsable de Relaciones Sindicales, visitaron el hospital donde se encontraban los heridos. Uno de ellos les gritó "asesinos". El familiar de otro les increpó, preguntándoles si iban a rematarlo. "Fraga y yo lo pasamos muy mal en Vitoria", escribe Martín Villa en su biografía política Al servicio del Estado. No habían pasado dos años cuando el 15 de enero de 1978 un montaje que afectó a la CNT, conocido como el Caso Scala, acabó con la vida de cuatro trabajadores en Barcelona. Para entonces el ministro de Gobernación (Interior) era el propio Martín Villa.

Ninguna transición política de un régimen autoritario a una democracia es indolora. Esto lo sabemos bien. La historiadora francesa Sophie Baby cifra en al menos 714 los muertos causados por la violencia política en nuestro país durante la Transición. El problema es que en España, durante años, muchos utilizaron el adjetivo de modélica para referirse a ella, acentuando sus luces y omitiendo algunas de sus zonas más oscuras. Entre ellos, quienes tuvieron responsabilidades políticas bajo el franquismo. Entre ellos, muchos de los que jamás condenaron sus crímenes. Todos esos que, durante años, se apuntaron el tanto de la democracia dando lecciones al resto.

La conquista de las libertades en España tuvo un precio muy alto. Según se mire.
 

En Vitoria hubo 5 muertos, cientos de heridos y cero responsables.

* Director del documental 'Vitoria, marzo de 1976', disponible en Filmin.
 

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