La gráfica feminista ha tenido en la lucha por los derechos reproductivos una de sus más importantes vertientes de expresión y comunicación. Unos derechos que, en España, han tenido una historia breve, pero intensa. Concretamente, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que fue legal en Cataluña durante la Segunda República, pero que no volvería a estar recogido en el marco normativo hasta ya entrada la democracia.

Fue en 1985 cuando el Gobierno socialista de Felipe González aprobó la despenalización de la práctica abortiva bajo tres supuestos: violación, malformaciones físicas del feto o riesgo grave para la salud física o mental de la progenitora. La Ley Orgánica 9/1985 no regulaba el derecho al aborto, sino que modificaba el artículo del Código Penal que, hasta entonces, había considerado la interrupción voluntaria del embarazo un delito en cualquier circunstancia.

A partir de ese momento, la dificultad radicaría en la manera de llevar a cabo el acto abortivo, dado que en la norma no se hacía mención a que la práctica estuviera recogida en la cartera pública de servicios del Sistema Nacional de Salud. Así, será la medicina privada la que se encargue de una práctica estigmatizada, también en la profesión médica, y que se verá marcada por la persecución judicial de clínicas abortivas durante las dos siguientes décadas. En este período queda patente cómo la dificultad de su aplicación atenta contra derechos básicos de las mujeres, como el derecho de autonomía, intimidad, seguridad e integridad, a la vez que deja indefensa a la comunidad profesional sanitaria que atiende las demandas de las mujeres.

La activista Justa Montero, en representación de la Coordinadora estatal de Organizaciones Feministas, da cuenta en el Congreso de los Diputados de la alarma social que esta situación genera en la sociedad española de principios de este siglo:

“Actuaciones judiciales que dieron el tratamiento de delincuentes a las mujeres, presentándose la Guardia Civil en sus casas para citarlas a declarar; incautación indiscriminada de historiales clínicos de mujeres; denuncias de irregularidades en algunas clínicas de interrupción de embarazo de las que sistemáticamente se demuestra su falsedad; las amenazas tanto físicas como verbales a mujeres y profesionales sanitarios; y presiones para que se realicen las interpretaciones más amplias posibles de las prohibiciones que establece la ley y las más restrictivas de los derechos”.

El debate está en la calle. La ley de los tres supuestos genera inseguridad jurídica, y el coste social que acarrea tal situación, denunciado por el movimiento feminista, contribuye a que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero apruebe en 2010 la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, también conocida como “ley de plazos”. En ella se establece que, durante las 14 primeras semanas de gestación, aquellas mujeres que deseen interrumpir su embarazo pueden hacerlo sin necesidad de justificar sus razones; entre la semana 14 y la 22, se podrá llevar a cabo el aborto por motivos de salud de la madre o del feto; y en cualquier momento si se detectan “anomalías fetales incompatibles con la vida” o “cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable y así lo confirme un comité clínico”.

Ya en 2014, tras la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular propone sustituir la ley de plazos por una de supuestos todavía más restrictiva que la de 1985, pues se elimina la posibilidad de interrumpir el embarazo en caso de malformación del feto. Será el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien lidere esta (contra)reforma normativa, desatando una respuesta masiva, en las calles y en las redes sociales, de varias generaciones de feministas que, al calor del movimiento ciudadano 15M y sus dinámicas colaborativas, se organizarán para hacerse oír y tumbar la norma.

El Colectivo de Autoras de Cómic quiso sumarse a las reivindicaciones del movimiento feminista llamando a la acción gráfica a través de la plataforma Wombastic, un blog en el que han quedado recogidas todas las contribuciones de profesionales y amateurs del cómic, la ilustración y el humor gráfico, pero también colectivos y activistas conscientes del poder de la imagen para la movilización. La acción tuvo repercusión internacional y ha sido recogida en exposiciones como ¡Mujercitas del mundo entero, uníos! (2023), celebrada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y Primavera gráfica: redes colectivas, feminismos y humor gráfico (2024), organizada por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor.

Como bien se apuntaba en esta última, “estas iniciativas, y el conjunto de la labor aglutinada por el Colectivo de Autoras de Cómic, nos recuerdan el poder de expresar visiones críticas de la realidad a través de viñetas que nos hacen reír y, de inmediato, reflexionar, denunciar, contemplar en definitiva el mundo que nos rodea desde perspectivas subversivas”.

La iniciativa de la plataforma Wombastic en pos del derecho a la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país inspiró a las activistas chilenas de Gráficas Pro Aborto Chile para reivindicar los mismos derechos en su país. En Argentina, el colectivo de dibujantxs transfeministas conocido como La Línea Peluda inició su actividad en 2018 con una campaña online a favor del aborto legal, seguro y gratuito en su país, que aún se mantiene en Instagram. Sus últimas reivindicaciones se centran en la defensa del derecho a la educación pública y gratuita frente a los recortes del actual gobierno.

Con el tiempo, se han ido sumando a esta gráfica feminista publicaciones de carácter divulgativo, como La palabra que empieza por A, de Elisabeth Casillas e Higinia Garay (Astiberri, 2022), o Comics for Choice, obra colectiva publicada en Estados Unidos por la editorial Silver Sprocket.

En España, la última reforma de la norma tuvo lugar en 2023 de la mano del Ministerio de Igualdad, que, liderado por Irene Montero, incluyó en su redactado la creación de un registro de objetores de conciencia, la eliminación del plazo de reflexión obligatorio de tres días y la devolución de la capacidad de decisión a las mayores de 16 años. Ese mismo año quedaría blindada la prestación por el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental al desestimarse el recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular presentara en 2010.

A día de hoy, la lucha por el aborto en nuestro país se centra en que la prestación esté garantizada en toda la red pública de salud, en todas las autonomías y provincias sin excepción, y que se actualice la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva. En el proceso, el Ministerio de Igualdad ha impulsado la creación de un espacio informativo que nos recuerda que el aborto es legal y gratuito, y el lugar al que poder acudir en caso de necesidad:

👉 https://quieroabortar.org/
 

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